El decreto legislativo 1585 —promulgado en noviembre del año pasado por el Gobierno de Dina Boluarte— podría evitar condenas de prisión efectiva para más de 10 mil 500 acusados de minería ilegal en el país. Así lo detalla una reciente investigación de Convoca.pe donde se precisa, además, que la normativa flexibiliza las penas para otros crímenes y delitos ambientales.

Además, la nueva legislación permite cambiar penas privativas de libertad no mayores de dos años en multas y aquellas no mayores de cinco años en prestación de servicios. Y, eleva el límite para suspender la cárcel de cuatro a cinco años.

Esto implica que las condenas por minería ilegal, por ejemplo, que tienen penas mínimas de tres años y máximas de hasta 12, podrían llevar a los infractores a evitar la prisión si no superan esta nueva barrera.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de campamentos de minería ilegal de oro destruidos tras una operación policial en La Pampa, en la región amazónica meridional de Madre de Dios, Perú. 11 de agosto de 2015. REUTERS/Sebastian Castaneda

De acuerdo al reportaje de Paul Tuesta, entre 2019 y marzo de 2024, el Ministerio Público recibió 10 mil 510 denuncias por minería ilegal, con 4.487 de estas solo en la Amazonía. Sin embargo, solo 57 casos de minería ilegal agravada fueron resueltos en los últimos seis años.

Durante ese periodo se realizó el “Operativo Mercurio”, que, según el Gobierno, permitió la recuperación del 98% de la zona de amortiguamiento denominado “La Pampa”, en la Reserva Nacional de Tambopata, en Madre de Dios.

Sin embargo, pese a ello, igual se mostró un repunte en las denuncias por la actividad ilícita al concluir el operativo. De acuerdo a Martín Arana, técnico de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS – Perú), esto se debería a que, si bien el operativo inicial tuvo buenos resultados, la falta de continuidad y recursos del estado permitió a los mineros ilegales regresar a la zona de “La Pampa”.

Una vista aérea de un campo de minería ilegal en Madre de Dios, Perú, 17 de mayo del 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo.

Por otro lado, a raíz del decreto, las penas por minería ilegal agravada, que incluye actividades en cuerpos de agua y reservas naturales, podrían ser convertidas en vigilancia electrónica y prestación de servicios, lo que impacta de manera directa en la severidad de las sanciones.

Al respecto, el abogado en materia ambiental César Ipenza refirió a Convoca.pe que esta medida podría beneficiar a muchos infractores al permitirles argumentar desconocimiento de las áreas protegidas para recibir penas mínimas.

En ese marco, el bajo número de procesos judiciales concluidos y la dificultad para encontrar pruebas suficientes complican aún más la lucha contra la minería ilegal. Pues, Ipenza considera que los recursos y capacidades del Poder Judicial y Ministerio Público son insuficientes para gestionar eficazmente estos casos, lo que retrasa los juicios y facilita la impunidad.

En ese sentido, como alternativa para enfrentar estas dificultades, se propone a las autoridades:

1. Fortalecer la vigilancia en las regiones afectadas.
2. Mejorar los recursos judiciales.
3. Aumentar las penalidades para asegurar que las medidas coercitivas sean efectivas contra los delitos de minería ilegal y otros delitos ambientales.

Fuente: INFOBAE